Introducción
En un contexto global y nacional donde la transparencia corporativa y la rendición de cuentas se han convertido en exigencias ineludibles, la forma en que las organizaciones preservan sus evidencias de compliance está experimentando una transformación profunda. Ya no basta con almacenar documentos en repositorios internos o respaldarlos en servidores seguros: las autoridades, inversionistas y la sociedad demandan garantías de que la información presentada es auténtica, íntegra y no ha sido alterada. En este escenario, la tecnología blockchain emerge como un aliado estratégico, capaz de ofrecer un registro inmutable y verificable que refuerza la credibilidad de cualquier programa de cumplimiento normativo.
La esencia del blockchain, su capacidad para sellar datos con marcas de tiempo confiables y vincularlos criptográficamente, permite que auditorías, reportes de denuncia, actas de capacitación o contratos puedan acreditarse con fecha cierta y sin riesgo de manipulación. Esta inalterabilidad no solo facilita la labor de los auditores y peritos, sino que también fortalece la cadena de custodia digital, reduciendo las asimetrías informativas y aportando un soporte técnico sólido en procedimientos judiciales o regulatorios.
Mientras en la Unión Europea y ciertos estados de EE. UU. ya se han desarrollado marcos legales que reconocen formalmente el valor probatorio de blockchain, la pregunta no se encuadra en si el Perú tiene o no chance de competir con semejante avance en el ámbito digital y legal, sino, ¿qué tan lejos estamos de conseguirlo?
Diversas normas sobre responsabilidad corporativa, protección de datos y admisibilidad de evidencia digital abren la puerta a una verdadera integración en el ecosistema de compliance, cuestión que de por sí es novedosa en el Perú. El reto está en articular un marco normativo que no solo valide esta tecnología, sino que también establezca estándares claros de integridad, trazabilidad y privacidad.
Adoptar el uso del blockchain para la preservación de evidencias no es únicamente una decisión tecnológica: es un paso hacia la modernización de la gobernanza corporativa y una señal de compromiso con la transparencia. En un mundo donde la veracidad de la información es tan valiosa como el propio capital, blockchain podría convertirse en la nueva columna vertebral del compliance moderno en el mundo y, por supuesto, en el Perú.
Marco conceptual y normativo
Blockchain como repositorio de evidencias digitales
El blockchain es un registro distribuido e inmutable que, mediante enlaces criptográficos y marcas de tiempo, permite conservar evidencias con integridad, trazabilidad y alta disponibilidad. En compliance, su uso típico consiste en anclar el hash de documentos (políticas, auditorías, reportes de denuncia, actas de capacitación, controles de terceros) para acreditar existencia y no alteración en fecha cierta, sin exponer el contenido. Ello robustece la cadena de custodia, facilita verificaciones periciales y reduce asimetrías informativas ante autoridades.
Su valor se potencia con procedimientos que aseguren identidad de los intervinientes, sellado temporal confiable y conservación del original fuera de cadena (repositorios internos o nubes con control de accesos). En el marco peruano, esta función coadyuva a demostrar la implementación y ejecución efectiva de modelos de prevención (de acuerdo a la Ley 30424) y se alinea con la admisibilidad de prueba electrónica bajo el TUO del Código Procesal Civil y las directrices del Código Procesal Penal.
En la Unión Europea, la reforma “eIDAS 2”, del año 2024 refuerza el ecosistema de confianza digital, habilitando el reconocimiento de registros electrónicos inmutables como soportes idóneos para acreditar autenticidad y existencia. No sustituye controles jurídicos ni de gobernanza: requiere políticas de retención, vinculación fiable entre dato on-chain y documento off-chain, y salvaguardas de privacidad conforme a Ley 29733, Ley de protección de datos personales, y como guía, al GDPR (General Data Protection Regulation o Reglamento General de Protección de Datos), de la Unión Europea.
Concepto de preservación de evidencias en compliance
En el contexto de compliance, la preservación de evidencias consiste en conservar de manera íntegra, segura y verificable los registros y documentos que permitan acreditar la efectiva implementación de protocolos, investigaciones internas, auditorías, reportes de denuncia o medidas correctivas dentro de una organización. Esta custodia documental se realiza mediante una cadena de custodia que identifique con precisión quién, cuándo y cómo accedió, modificó o almacenó la evidencia, lo cual es clave en procesos judiciales y auditorías regulatorias.
La preservación efectiva contribuye a la idea de Evidence-Based Compliance, es decir, programas de cumplimiento fundamentados en evidencia empírica que permita evaluar su eficacia, identificar debilidades y demostrar el cumplimiento ante autoridades o terceros, tal como menciona Tian, Y. (2019).
La implementación del blockchain, como repositorio inmutable, fortalece este propósito, ya que permite registrar de forma segura el historial de generación, acceso y modificación de documentos relevantes, complementando los estándares de retención exigidos por normativas de compliance y facilitando la trazabilidad a lo largo del tiempo.
Normativa peruana relevante
En el Perú, la preservación de evidencias vinculadas a programas de compliance se encuentra influida por un marco normativo que combina disposiciones de carácter penal, procesal, corporativo y tecnológico.
Aunque no existe una ley específica que regule de manera integral el uso de blockchain para estos fines, diversas normas, incluyendo la Ley Nro. 30424 sobre responsabilidad administrativa de personas jurídicas, el Código Procesal Penal y la Ley de Firmas y Certificados Digitales, establecen principios y obligaciones que inciden directamente en la custodia de información.
Ley regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas (Ley Nro. 30424) y su Reglamento
Mediante esta ley se estableció un régimen de responsabilidad administrativa (con efectos penales, no administrativos propiamente) para personas jurídicas en el Perú, vinculada inicialmente a delitos como el cohecho activo transnacional. El modelo legal introduce como posible atenuante o eximente la implementación previa de un modelo de prevención que permita identificar y evitar riesgos delictivos dentro de la organización.
El Reglamento vigente de esta norma (D.S. Nro. 002-2019-JUS) nos detalla los elementos esenciales del modelo: evaluación continua de riesgos, designación de un órgano o responsable de prevención con autonomía, canales de denuncias, capacitación y monitoreo constante (OAS, 2019).
Además, reformas recientes, como la incorporación de nuevos delitos (fraude tributario, terrorismo, lavado de activos) y la ampliación del alcance subjetivo a personas jurídicas extranjeras que operan en Perú, han fortalecido el régimen sancionador y la relevancia del modelo preventivo como mecanismo de diligencia debida.
Estas modificaciones subrayan la creciente exigencia de contar con evidencia documental fiable, donde el blockchain puede aportar trazabilidad e inmutabilidad, para demostrar la operatividad del modelo.
Ley de Protección de Datos Personales (Ley Nro. 29733) y el TUO del Código Procesal Civil
La Ley Nro. 29733, normativa básica de protección de datos personales en el Perú, fue actualizada mediante el Decreto Supremo Nro. 016-2024-JUS, que entró en vigencia el 31 de marzo de 2025. Este nuevo reglamento refuerza los estándares existentes al exigir mecanismos como evaluaciones de impacto, medidas organizativas y técnicas de seguridad, así como la posible designación de un Oficial de Protección de Datos para supervisar el cumplimiento de la normativa (Dentons, 2024; Estudio Carrión, 2025).
Por su parte, en el ámbito civil, la incorporación de registros blockchain como medio probatorio se apoya en la libertad y amplitud probatoria del Código Procesal Civil (CPC). El artículo 188 define la finalidad probatoria; el artículo 191 admite expresamente medios no tipificados siempre que sean idóneos; el artículo 192 detalla los medios típicos; y el artículo 193 reconoce los medios atípicos, auxilios técnicos o científicos, que se actuarán y apreciarán por analogía con los medios tradicionales, conforme a lo que disponga el juez. A su vez, el artículo 197 consagra la valoración conjunta con apreciación razonada, lo que permite dotar de eficacia a evidencias sustentadas en hash, sellado temporal y trazabilidad que provee justamente una cadena de bloques.
En términos de admisibilidad, el registro en blockchain opera típicamente como prueba documental electrónica (si se aporta el documento y su verificación) o como medio atípico (cuando se presenta principalmente el anclaje y la prueba pericial que explique su funcionamiento). La parte oferente debe demostrar:
- procedencia y cadena de custodia del archivo original;
- integridad mediante el hash coincidente con el anclaje;
- fechado confiable (timestamp) y, en su caso, interoperabilidad con certificados o sellos reconocidos; y
- licitud en la obtención y tratamiento de datos.
La pericia informática es especialmente útil para traducir el funcionamiento técnico a criterios jurídicos de autenticidad y fiabilidad (Ledesma Narváez, 2018).
El Código Procesal Penal y el Convenio de Budapest
Por otro lado, el Código Procesal Penal, aunque actualmente no regula explícitamente la evidencia digital, contempla su admisibilidad bajo las siguientes características de la prueba: veracidad de la prueba, constitucionalidad de la actividad probatoria, utilidad y pertinencia, conforme con lo indicado en el Recurso de Nulidad Nro. 1551-2023/Lima Sur[1] y la propia valoración judicial.
Además, un proyecto de ley reciente[2] pretende incorporar expresamente la evidencia digital al CPP, mediante la creación de artículos como 158-A (definición de evidencia digital), 158-B (obligación de documentar la cadena de custodia digital) y 178-A (regulación del peritaje informático forense). Esta propuesta también modifica artículos 157, 172, 185 y 187 para asegurar integridad y procedencia de las pruebas electrónicas.
Este marco conjunto significa que, en el ámbito penal, el uso de blockchain para anclar evidencia digital (por ejemplo, hashes de auditorías o reportes de compliance) no viola la protección de datos, siempre que los datos personales no se expongan directamente en la cadena, y refuerza su integridad y fecha cierta. Por su parte, el CPP permite que dicha evidencia sea aceptada y valorada, siempre que se documente adecuadamente la cadena de custodia y se realice la pericia informática correspondiente.
A esta regulación interna se añade un compromiso internacional relevante: la adhesión del Perú, en 2019, al Convenio de Budapest sobre Ciberdelincuencia. Este tratado, en sus artículos 16 a 22, impone a los Estados Parte la obligación de adoptar medidas legislativas y técnicas para garantizar la preservación rápida de datos informáticos, la integridad de la evidencia digital y la cooperación internacional en investigaciones sobre ciberdelitos (Council of Europe, 2001). Este mandato convencional no es optativo: exige la adecuación del ordenamiento jurídico interno a dichos estándares.
Si bien se han dado pasos como la elaboración del Manual de Evidencia Digital del Ministerio Público, la implementación sigue siendo parcial y no contempla de forma expresa el uso de tecnologías como blockchain en los protocolos oficiales. Esta omisión es significativa, pues blockchain presenta características, inmutabilidad, trazabilidad y descentralización, que coinciden con las exigencias técnicas y probatorias que promueve el Convenio.
La falta de incorporación plena de estos estándares no solo limita la capacidad del sistema de justicia para combatir el ciberdelito, sino que también impacta en el ámbito del compliance. Las entidades, especialmente en sectores regulados, podrían incurrir en incumplimientos normativos u omisiones si no implementan mecanismos adecuados de preservación de evidencia digital, incumpliendo de facto con obligaciones derivadas del mandato convencional.
Normativa sectorial vinculada al compliance y uso de blockchain
En el Perú, sectores específicos como el financiero y el de activos digitales están siendo regulados con creciente detalle para fortalecer la transparencia y el cumplimiento normativo, lo que genera un entorno propicio para aplicar tecnologías como blockchain.
Un ejemplo reciente es la Resolución Nro. 02648-2024[3] emitida por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), que regula a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV). Esta resolución impone obligaciones claras: implementar políticas de diligencia debida, designar un oficial de cumplimiento, conservar registros detallados de transacciones (incluyendo identidades de ordenante y beneficiario, la conocida “regla de viaje”) y reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Este marco obliga a los PSAV a documentar rigurosamente sus procesos internos, desde el KYC[4] hasta la transferencia de activos. El uso de blockchain para almacenar los hashes de estos registros puede añadir una capa de inmutabilidad, facilitando auditorías tecnológicas sin exponer datos sensibles, lo cual fortalece la trazabilidad y la integridad de la evidencia digital.
Normativa relevante en el mundo
La regulación europea en materia de protección de datos, ciberseguridad y canales seguros de denuncia incide directamente en el empleo de blockchain como mecanismo de preservación de evidencias digitales.
El GDPR fija límites y obligaciones sobre tratamiento de información personal; la Directiva NIS impulsa estándares de seguridad en redes y sistemas; y la Directiva sobre protección de denunciantes refuerza la necesidad de registros íntegros y confidenciales. Cada uno de estos instrumentos será analizado en los apartados siguientes.
GDPR – principio de integridad e integridad de datos
El Reglamento (UE) 2016/679, conocido como General Data Protection Regulation (GDPR), constituye la norma marco de la Unión Europea en materia de protección de datos personales. Su objetivo es garantizar un nivel uniforme de derechos y obligaciones en todo el territorio comunitario, estableciendo principios como la licitud, lealtad, transparencia, minimización de datos, exactitud, limitación de conservación e integridad y confidencialidad.
En el contexto de blockchain, el GDPR plantea desafíos particulares, como la aparente inmutabilidad de la información y el derecho de supresión (“derecho al olvido”), que obligan a diseñar soluciones técnicas y jurídicas para cumplir la normativa sin comprometer la integridad probatoria de los registros.
En aplicaciones como la preservación de evidencias digitales, el cumplimiento del GDPR implica no solo proteger la identidad de los sujetos involucrados, sino también garantizar que el tratamiento de los datos se realice con una base jurídica válida y bajo estrictos y, necesarios a mi parecer, controles de seguridad.
Directiva NIS – ciberseguridad y resiliencia frente a la alteración de datos
La California Consumer Privacy Act (CCPA), promulgada en 2018 y en vigor desde 2020, es una de las normativas más relevantes de los Estados Unidos en materia de privacidad y protección de datos. Reconoce a los consumidores derechos como el acceso a la información recopilada, la posibilidad de solicitar su eliminación y la opción de oponerse a la venta de sus datos personales. A diferencia del GDPR, su alcance es territorialmente limitado al estado de California, sin embargo, cabe mencionar que esta ha influido en legislaciones de otros estados estadounidenses[5] y en prácticas empresariales a nivel nacional en el país potencia.
En entornos basados en blockchain, la CCPA enfrenta retos similares a los del GDPR respecto a la supresión de datos, pero con un enfoque más flexible en cuanto a pseudonimización y anonimización. En el ámbito de la conservación de evidencias digitales, esta ley exige que los sistemas respeten las solicitudes de acceso y eliminación de datos cuando proceda, sin comprometer la autenticidad e integridad de la información.
Directiva sobre Protección de Denunciantes de la Unión Europea – conservación segura de información
La Directiva (UE) 2019/1937, también conocida como Whistleblower Protection Directive, constituye un instrumento jurídico clave de la Unión Europea destinado a garantizar la protección de las personas que informan sobre infracciones del Derecho de la Unión cometidas en un contexto laboral. La norma establece un marco uniforme para los Estados miembros, obligándolos a incorporar en sus ordenamientos mecanismos internos y externos de denuncia, procedimientos claros para la tramitación de las comunicaciones, y medidas efectivas para prevenir represalias contra los denunciantes. Entre sus disposiciones esenciales, la directiva asegura la confidencialidad de la identidad del informante, prohíbe cualquier forma de sanción, degradación o despido por la presentación de denuncias legítimas y exige que se habiliten canales de comunicación seguros, tanto a nivel interno en las organizaciones como ante las autoridades competentes.
En el ámbito empresarial, la Directiva ha promovido el fortalecimiento de programas de compliance y sistemas de gestión de riesgos, así como la incorporación de tecnologías que refuercen la trazabilidad e inmutabilidad de las denuncias, entre ellas el uso de blockchain para registrar reportes de manera inviolable y verificable. Aunque su aplicación es obligatoria únicamente para los Estados miembros de la Unión Europea, su impacto se ha extendido internacionalmente, inspirando reformas normativas y lineamientos corporativos en países de Latinoamérica y otras regiones que buscan mejorar la transparencia y el control interno.
En el contexto del public compliance en Perú, esta directiva representa un referente normativo relevante, ya que la protección integral al denunciante fortalece la integridad organizacional, fomenta la cultura de legalidad y minimiza el riesgo de represalias que puedan desalentar la revelación de actos ilícitos, más aun cuando el Perú tiene niveles tan altos de corrupción.
Reconocimiento jurídico del blockchain como medio probatorio
El blockchain, por su carácter distribuido e inmutable, nos viene ofreciendo ventajas para la conservación y verificación de evidencias digitales, generando huellas criptográficas que acreditan integridad y fecha sin depender de un tercero. Su reconocimiento jurídico exige analizar tanto la admisibilidad como la valoración de la prueba, conforme a las normas sobre evidencia electrónica y autenticidad documental.
En diversas jurisdicciones, se han equiparado registros blockchain a documentos electrónicos con presunción de validez, siempre que se cumplan estándares técnicos. No obstante, persisten retos vinculados a protección de datos, identificación de responsables y posibles fallos técnicos.
Admisibilidad en el sistema peruano
En el sistema penal peruano, la evidencia digital (incluidos los registros anclados en blockchain) puede ser admitida como medio probatorio siempre que se cumplan los requisitos de legalidad, cadena de custodia, integridad verificable y pericia técnica previa, según el marco de nuestras principales normas adjetivas y los protocolos vigentes al momento de la postulación probatoria.
Legalidad de obtención y cadena de custodia
La prueba digital debe obtenerse conforme a las garantías procesales, sin violar derechos fundamentales. La cadena de custodia digital exige registrar cada etapa desde la recolección, secuestro, embalaje y traslado hasta la entrega al perito, asegurando que no se altere la evidencia, tal como se recoge en el Manual de Evidencia Digital del Ministerio Público del año 2017. Este procedimiento garantiza que el mismo archivo que se presenta en juicio sea el original intervenido, preservando su integridad para su valoración judicial.
Integridad y anclaje en blockchain
Para acreditar que un archivo no ha sido modificado, se recurre a técnicas forenses como el hashing del archivo original, junto con su registro en una blockchain pública (anclaje), lo que proporciona evidencia de existencia y contenido en una fecha determinada. Modelos académicos han demostrado cómo blockchain puede fortalecer la cadena de custodia digital al aportar trazabilidad auditable e inalterabilidad (B-CoC[6]).
Pericia técnica y valoración judicial
La parte oferente debe acompañar el anclaje con un informe pericial que explique:
- metodología de recolección;
- cálculo del hash y su correspondencia con el bloque; y
- cómo el registro refuerza integridad y fecha cierta.
El juez debe valorar esta prueba con criterios técnicos y motivados, ya que la prueba digital solo será confiable si preserva autenticidad, fiabilidad y refutabilidad.
Admisibilidad en el sistema europeo
La admisibilidad de la evidencia digital anclada en blockchain varía según el sistema jurídico de cada país o región. A continuación, se analizan los marcos legales relevantes en la Unión Europea, Estados Unidos (California) y Argentina, con un enfoque en la preservación de evidencias de compliance.
Unión Europea
En la Unión Europea, la Reglamento eIDAS (Reglamento (UE) Nro. 910/2014) establece un marco legal para la validación de firmas electrónicas, sellos electrónicos y registros de tiempo, otorgándoles el mismo valor probatorio que los documentos en papel. Este reglamento facilita la aceptación de la evidencia digital en procedimientos legales, siempre que se cumplan los requisitos de autenticidad e integridad.
Además, la Directiva (UE) 2016/1148 sobre medidas para un alto nivel común de seguridad de las redes y sistemas de información en la Unión Europea y la Reglamento (UE) 2019/881 sobre la ciberseguridad (Cybersecurity Act) refuerzan la importancia de la seguridad en la gestión de la evidencia digital, incluyendo la preservación de la cadena de custodia y la protección de datos personales.
Estados Unidos
En California, la Regla 2.503 del Código de Procedimiento Civil de California establece que la evidencia digital puede ser admitida en procedimientos legales si se cumple con los requisitos de autenticidad e integridad. La Ley de Firmas Electrónicas en el Comercio Global y Nacional (ESIGN Act) y la Ley Uniforme de Transacciones Electrónicas (UETA) también respaldan la validez de las firmas electrónicas y los registros digitales en transacciones comerciales y legales.
Argentina
En Argentina, la Ley Nro. 25.506 de Firma Digital y la Ley Nro. 27.444 de Simplificación y Desburocratización del Estado, esta última con la finalidad de reducir la complejidad administrativa y los trámites engorrosos para facilitar el desarrollo productivo del país establecen el marco legal para el uso de firmas digitales y la validación de documentos electrónicos. Sin embargo, a pesar de que la legislación argentina aún no ha abordado específicamente la admisibilidad de la evidencia digital anclada en blockchain en procedimientos legales.
No obstante, la Corte Suprema de Justicia de la Nación[7] ha reconocido la validez de la evidencia digital en casos relacionados con delitos informáticos y fraude electrónico, siempre que se cumplan los requisitos de autenticidad e integridad. En este contexto, la implementación de soluciones basadas en blockchain para la preservación de la cadena de custodia de la evidencia digital podría fortalecer la validez de estos registros en el sistema judicial argentino.
Protección de datos y privacidad
La preservación de evidencias de compliance en blockchain involucra inevitablemente la gestión de datos personales, por lo que se requiere un análisis riguroso de la privacidad y la seguridad de la información. La normativa peruana (Ley Nro. 29733 y su reglamento) y la europea (GDPR) establecen principios fundamentales que deben respetarse para garantizar la legalidad de la recolección, almacenamiento y tratamiento de datos en entornos digitales.
Principios de minimización y limitación de finalidad
El principio de minimización de datos implica que solo se recolecten y procesen aquellos datos estrictamente necesarios para el cumplimiento de los objetivos de compliance, evitando la acumulación de información superflua que pueda aumentar riesgos de vulneración de la privacidad. Este principio es particularmente relevante en entornos de blockchain, donde la inmutabilidad de los registros dificulta la eliminación de información una vez que ha sido registrada.
En paralelo, el principio de limitación de finalidad establece que los datos personales solo pueden ser utilizados para los fines específicos para los cuales fueron recabados, impidiendo su tratamiento con objetivos distintos, salvo que exista consentimiento expreso o fundamento legal adicional. Por ejemplo, en el contexto de un sistema blockchain para auditorías de cumplimiento, los registros deben garantizar que los datos utilizados sean exclusivamente los necesarios para verificar la integridad de los informes o transacciones, sin exponer información personal sensible de empleados o clientes.
En el Perú, la Ley Nro. 29733 y su reglamento obligan a los responsables del tratamiento a implementar medidas técnicas y organizativas que aseguren la minimización y el uso restringido de los datos, incluyendo la posibilidad de pseudonimizar o cifrar información que pueda identificarlos directamente. De manera complementaria, el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la Unión Europea refuerza estos principios y establece sanciones por incumplimiento, señalando que el tratamiento excesivo o indebido de datos personales vulnera los derechos fundamentales de los individuos (Voigt & von dem Bussche, 2017).
La aplicación de estos principios en blockchain requiere un diseño cuidadoso de la arquitectura de datos: únicamente se deben almacenar en la cadena los elementos estrictamente necesarios para garantizar la veracidad y fecha cierta de la evidencia, mientras que los datos sensibles se mantienen fuera de la cadena o se cifran para preservar la privacidad, asegurando así la conformidad legal y la protección de los sujetos de datos.
Riesgos y medidas de mitigación al usar blockchain en compliance
El uso de blockchain para la preservación de evidencias de compliance implica diversos riesgos asociados a la privacidad y la integridad de los datos personales. Entre los principales riesgos se encuentran la exposición accidental de información sensible, errores en la inserción de datos, vulnerabilidades en contratos inteligentes, y la posibilidad de que se infrinjan los principios previamente esbozados, de minimización o limitación de finalidad. Dado que los registros en blockchain son inmutables, cualquier error en el registro de datos personales podría ser permanente, generando implicancias legales y de reputación.
Para mitigar estos riesgos, se recomienda la implementación de estrategias técnicas y organizativas que garanticen la protección de los datos y el cumplimiento normativo. Entre las principales medidas se incluyen:
- Arquitecturas híbridas: almacenar los datos personales fuera de la cadena y registrar en blockchain únicamente los hashes criptográficos o identificadores que permitan verificar la integridad de la evidencia sin exponer información sensible.
- Pseudonimización y cifrado: sustituir los identificadores directos de individuos por pseudónimos o cifrar la información sensible antes de cualquier registro, cumpliendo con los estándares establecidos por la Ley Nro. 29733 y el GDPR.
- Control de acceso y segregación de funciones: limitar la visualización y manipulación de los registros a personal autorizado y capacitado, garantizando la trazabilidad de las acciones y el cumplimiento de políticas internas de compliance.
- Auditorías y monitoreo constante: realizar revisiones periódicas sobre la integridad de los datos y la efectividad de los controles implementados, asegurando la conformidad con los marcos legales peruanos y europeos.
Conforme lo ha señalado Finck, M. (2018), estas medidas permiten equilibrar la transparencia, trazabilidad y confiabilidad que ofrece blockchain con la necesidad de proteger la privacidad y los derechos de los individuos. Además, fortalecen la cadena de custodia digital y la validez probatoria de la evidencia, elementos esenciales en cualquier programa de compliance corporativo.
Estudio comparado
La implementación de blockchain en la preservación de evidencias de compliance presenta enfoques diversos en distintos países, influenciados por sus marcos legales, avances tecnológicos y necesidades específicas. A continuación, se analizan las experiencias de Argentina, California (EE. UU.) y Perú, destacando sus similitudes, diferencias y posibles aplicaciones.
Similitudes y diferencias en regulación (Perú vs. Resto del mundo)
Estados Unidos (California)
Similitudes: Adopción tecnológica en el sector público: California ha implementado blockchain en diversas áreas gubernamentales, como la digitalización de 42 millones de títulos de vehículos para combatir fraudes y facilitar el proceso de transferencia de propiedad.
Diferencias: Marco regulatorio robusto: La Ley de Activos Financieros Digitales (DFAL), que entrará en vigor el 1 de julio de 2026, establece un marco regulatorio claro para las empresas que operan con activos digitales, incluyendo requisitos de licencias y supervisión por parte del Departamento de Protección e Innovación Financiera de California (DFPI).
Aplicaciones potenciales: Aplicación en compliance corporativo: La DFAL podrá facilitar la implementación de soluciones basadas en blockchain para la preservación de evidencias de compliance, al proporcionar un marco legal que respalde su uso en el ámbito corporativo.
Argentina
Similitudes: Reconocimiento legal de la tecnología: Argentina ha avanzado en el reconocimiento de la tecnología blockchain en el ámbito legal. En 2024, se ejecutó el primer contrato inteligente legalmente vinculante en la red Cardano, bajo la jurisdicción argentina, marcando un hito en la adopción de esta tecnología en el país.
Diferencias: Marco regulatorio en desarrollo: Aunque se han dado pasos hacia la regulación de activos digitales, como la Ley Nro. 27.739 que integra a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PASVs) al marco legal y financiero del país, sigue en desarrollo pues aún no existe una legislación específica que regule la preservación de evidencias de compliance mediante blockchain.
Aplicaciones potenciales: Implementación en auditorías y compliance: La tecnología blockchain podrá utilizarse para garantizar la integridad y trazabilidad de los procesos de auditoría y cumplimiento normativo, usuales en Argentina, asegurando la transparencia y confiabilidad de los registros.
Perú
Similitudes: Interés en la tecnología blockchain: A pesar de tener una regulación tan pobre, Perú ha mostrado interés en la adopción de medidas de prevención de delitos y cuestiones anexas a la evidencia digital, como lo demuestra la propuesta del proyecto de ley de incluir el término de evidencia digital en el Código Procesal Penal.
Diferencias: Falta de regulación específica: Actualmente, Perú no cuenta con una legislación específica que regule la preservación de evidencias de compliance mediante blockchain. Sin embargo, la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) han emitido declaraciones indicando que no son entidades competentes para regular los criptoactivos, dejando las puertas abiertas a un oportuno desarrollo de este apartado.
Aplicaciones potenciales: Desarrollo de marcos regulatorios: La experiencia de otros países podría servir como modelo para el desarrollo de marcos regulatorios en Perú, permitiendo la implementación de soluciones basadas en blockchain para la preservación de evidencias de compliance.
Casos reales de uso en el resto del mundo
La adopción de blockchain para la preservación de evidencias de compliance se ha expandido más allá de las fronteras de Europa, Argentina y California, con implementaciones significativas en diversas regiones del mundo. A continuación, se presentan algunos casos destacados que serán referenciados oportunamente en la bibliografía:
China: Sistema de Identificación Descentralizada RealDID
En diciembre de 2023, China lanzó el sistema nacional de identificación descentralizada RealDID, desarrollado por el Ministerio de Seguridad Pública y la Blockchain-based Service Network (BSN). Este sistema permite a los residentes chinos acceder a servicios en línea utilizando identificadores descentralizados y claves privadas, manteniendo el anonimato en los procesos de Conozca a su Cliente (KYC) y cumpliendo con los requisitos de registro de nombre real establecidos por la legislación china. En noviembre de 2024, se realizaron pruebas en Hong Kong, permitiendo a los ciudadanos chinos verificar su identidad de manera anónima al adquirir productos financieros tokenizados y regulados, sin presentar una identificación física.
Reino Unido: Empresas House y la Implementación de blockchain
En el Reino Unido, el organismo gubernamental Companies House ha explorado el uso de blockchain para mejorar la eficiencia operativa y la transparencia en el registro de empresas. Se desarrolló un prototipo de aplicación basada en blockchain que permite registrar y verificar la información empresarial de manera segura e inmutable, facilitando el acceso público y reduciendo el riesgo de fraude.
Estados Unidos: Coinbase y la Colaboración con la Fuerza Pública
En una colaboración destacada, Coinbase utilizó herramientas de inteligencia blockchain para ayudar a las fuerzas del orden estadounidense a desmantelar una red criminal violenta que atacaba a titulares de criptomonedas. A través del análisis de transacciones en la blockchain, se rastrearon $ 3.5 millones en fondos robados, lo que resultó en la condena de 12 criminales, incluido el líder de la banda, Chirag Tomar, quien recibió una sentencia de 47 años de prisión.
Países Bajos: Colaboración con Binance en la Congelación de Fondos Robados
Las autoridades neerlandesas, en colaboración con Binance, lograron congelar millones de euros robados en un fraude de plataforma de apuestas. Binance proporcionó asistencia en la investigación, utilizando herramientas de análisis blockchain para rastrear y recuperar los fondos ilícitos, demostrando la eficacia de la colaboración público-privada en la lucha contra el crimen financiero.
Estados Unidos: Análisis Forense de la Intercambio Bitfinex
En uno de los mayores decomisos financieros en la historia del Departamento de Justicia de EE.UU., se recuperaron $3.6 mil millones en Bitcoin robados en el hackeo de 2016 del intercambio Bitfinex. La investigación, que duró seis años, utilizó análisis avanzados de la blockchain para rastrear técnicas sofisticadas de lavado de dinero, incluyendo el uso de intercambios en la dark web y herramientas de privacidad. Este caso subraya la creciente capacidad de las autoridades para utilizar la transparencia de la blockchain en investigaciones de actividades ilícitas.
Posibles aplicaciones y adaptaciones en el Perú
La experiencia internacional en la utilización de blockchain para la preservación de evidencias de compliance nos ofrece importantes lecciones para su posible implementación en Perú. A pesar de que actualmente en el país carecemos de una regulación específica sobre el uso de blockchain en el ámbito de cumplimiento normativo, existen áreas donde esta tecnología podría generar valor, garantizar transparencia y reforzar la integridad de los procesos.
Auditorías y registros corporativos
Las empresas peruanas serán capaces de emplear blockchain para almacenar registros de auditoría de manera inmutable, asegurando la trazabilidad de decisiones y transacciones críticas. Este enfoque permitiría verificar la autenticidad de la evidencia de manera rápida y confiable ante organismos de supervisión, fortaleciendo los programas internos de compliance.
Gestión de denuncias y whistleblowing
Blockchain podría emplearse para proteger la identidad de denunciantes en canales de whistleblowing, garantizando que la información recibida se registre de forma segura y no pueda ser alterada. Esto contribuye al cumplimiento de la normativa peruana sobre protección de denunciantes y refuerza la confianza en los mecanismos internos de control.
Contratos inteligentes y acuerdos regulatorios
La implementación de contratos inteligentes en blockchain permitiría a empresas y reguladores automatizar ciertos procesos de cumplimiento, como el pago de obligaciones tributarias, el reporte de operaciones sospechosas o la ejecución de cláusulas contractuales basadas en hitos verificados. Esto reduce la intervención manual y mejora la eficiencia, minimizando riesgos de error humano.
Adaptaciones normativas
Para que estas aplicaciones sean viables, en Perú deberíamos considerar reformas legales que reconozcan la validez de la evidencia digital y más aun la registrada en blockchain. Se podrían tomar como referencia las experiencias de California y la Unión Europea, donde se ha otorgado valor probatorio a registros digitales siempre que se cumplan estándares de integridad, autenticidad y trazabilidad (Finck, 2018). Además, la Ley Nro. 29733 y su reglamento servirían como marco para garantizar que la protección de datos personales se respete en todo momento.
Integración con reguladores y autoridades
La colaboración con la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y el Ministerio Público establecería estándares técnicos para la implementación de blockchain en procesos de compliance, asegurando que los registros digitales puedan ser utilizados como evidencia válida en procedimientos legales e incluso en auditorías internas.
Vinculación entre blockchain, preservación de evidencia digital y compliance
Cuando hablamos de blockchain, evidencia digital y compliance, ¿realmente nos referimos a tres ámbitos separados? Mi impresión es que no; más bien, se trata de piezas que, si se integran correctamente, pueden conformar un sistema sólido de control, transparencia y confianza. La preservación de evidencia digital no es solo un asunto técnico, sino una garantía jurídica de que la información relevante, aquella capaz de incidir en un proceso judicial o en una auditoría, se mantiene intacta, verificable y accesible.
Es aquí donde blockchain adquiere protagonismo. La inmutabilidad de sus registros impide alteraciones sin dejar huella; su trazabilidad permite reconstruir la historia completa de cada dato; y su descentralización disminuye el riesgo de manipulación por un único actor. En materia de compliance, esto es especialmente relevante: no basta con prevenir infracciones, sino que es crucial demostrar que la organización actuó con diligencia, y para ello se necesitan pruebas confiables, auténticas y auditables. Blockchain, en ese sentido, funciona como un repositorio seguro y un “testigo incorruptible” de cada acción registrada.
Sin embargo, en el Perú aún no hemos dado el salto normativo para integrar blockchain de forma expresa en los procedimientos de compliance. Contamos con leyes como la Ley Nro. 29733 sobre protección de datos personales y con marcos procesales que reconocen la validez de medios electrónicos, pero carecemos de una regulación que conecte directamente esta tecnología con las obligaciones de control, reporte y preservación de evidencia. Este vacío normativo contrasta con el compromiso internacional que asumimos al adherirnos, en 2019, al Convenio de Budapest sobre Ciberdelincuencia, el cual establece estándares claros para la obtención, conservación y cooperación en materia de evidencia digital (Council of Europe, 2001).
Mientras tanto, otras jurisdicciones ya han avanzado. En la Unión Europea, el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) y directivas como la de Protección de Denunciantes han servido como base para implementar sistemas de reporte y archivo seguros respaldados por blockchain. En Argentina y en ciertos estados de EE. UU., las cortes han aceptado registros en blockchain como evidencia válida, lo que demuestra que su uso no es una utopía tecnológica, sino una realidad jurídica en expansión.
En mi opinión, este es el momento para que el Perú actúe. Blockchain no es una moda pasajera, sino una herramienta estratégica para reforzar el compliance, combatir la corrupción y promover la transparencia. Integrar estos tres conceptos no debería ser una cuestión de si debemos hacerlo, sino de cuándo y cómo lo haremos.
Análisis crítico
Los beneficios de blockchain en la preservación de evidencia digital y en los programas de compliance no son una hipótesis, sino una realidad comprobada en distintas jurisdicciones. La inmutabilidad de los registros, la trazabilidad de cada operación y la descentralización que reduce riesgos de fraude ya han sido aprovechadas en Europa, Estados Unidos e incluso en América Latina. Pero la pregunta que deberíamos hacernos en el Perú es distinta: si la tecnología ya ha demostrado su eficacia, ¿por qué todavía no la hemos integrado formalmente en nuestro marco regulatorio?
Aquí es donde la crítica resulta inevitable. La integridad de la evidencia y la trazabilidad de las operaciones son valores que cualquier sistema de compliance debería garantizar. Sin embargo, al no existir un reconocimiento normativo de blockchain como medio probatorio ni una regulación que vincule esta tecnología con el cumplimiento corporativo, estos beneficios quedan fuera del alcance de las organizaciones peruanas. Dicho de otro modo, mientras otros países utilizan blockchain como un estándar para reforzar la transparencia y la rendición de cuentas, nosotros seguimos viéndolo como una alternativa voluntaria, no como una obligación estratégica.
Este desfase genera consecuencias prácticas. Por ejemplo, una empresa peruana que quisiera usar blockchain para documentar reportes de auditoría o denuncias internas no tendría hoy la certeza de que esos registros serían plenamente admitidos en un proceso judicial. Además, la falta de lineamientos técnicos claros sobre interoperabilidad, seguridad y protección de datos coloca a las organizaciones en una situación de inseguridad jurídica.
En mi opinión, este es el punto crítico: blockchain no solo ofrece confianza tecnológica, sino que expone la falta de confianza institucional y normativa que aún existe en el Perú. Mientras no se dé el paso de reconocer legalmente su validez y establecer protocolos oficiales para su uso en compliance, entendiéndose como cumplimiento normativo (requiriendo necesariamente un margen razonable de positivación) los beneficios que ya son tangibles en otras jurisdicciones seguirán siendo, para nosotros, una promesa pendiente.
Conclusiones y propuestas de reforma
El análisis comparado sobre el uso de blockchain para preservar evidencias de compliance muestra un escenario internacional variado, pero con un punto común: la búsqueda de eficiencia, transparencia y seguridad en los procesos. Casos en Estados Unidos, Argentina, China y Europa demuestran que, cuando se cuenta con un marco regulatorio sólido, esta tecnología puede convertirse en una herramienta confiable para prevenir fraudes, fortalecer la auditoría interna y proteger a los denunciantes.
En el Perú, aunque existe un interés creciente por incorporar blockchain, la falta de una regulación específica dificulta su aplicación formal en la preservación de evidencias de compliance. La Ley Nro. 29733 sobre protección de datos personales y su reglamento, junto con los principios generales sobre validez de la prueba establecidos en el Código Procesal Penal y el Código Procesal Civil, ofrecen una base inicial, pero insuficiente para regular de manera integral su uso en entornos corporativos y regulatorios.
Responder a la pregunta planteada en un inicio: ¿qué tan lejos estamos de conseguirlo?, exige reconocer que el país no parte de cero. Contamos con compromisos internacionales como el Convenio de Budapest, que ya establecen obligaciones en materia de obtención y preservación de evidencia digital. Sin embargo, la falta de integración de estos estándares en la legislación interna y la carencia de lineamientos técnicos aplicables a blockchain nos colocan varios pasos detrás de jurisdicciones que ya han avanzado en esta convergencia tecnológica y legal.
Ante este panorama, resulta clave impulsar reformas legales que reconozcan de forma expresa la validez probatoria de los registros en blockchain, estableciendo criterios claros sobre integridad, autenticidad, trazabilidad y protección de datos personales. Asimismo, la cooperación entre el sector público y el privado podría facilitar el desarrollo de plataformas tecnológicas que cumplan con estándares internacionales de seguridad y auditoría. La capacitación de operadores, auditores y autoridades en estas herramientas sería, además, un paso decisivo para garantizar su correcta implementación y supervisión.
Adoptar blockchain en el Perú representa una oportunidad estratégica para fortalecer los mecanismos de compliance, mejorar la transparencia corporativa y generar mayor confianza tanto en inversionistas como en autoridades. Con un marco normativo claro y medidas técnicas robustas, esta tecnología podría convertirse en un pilar fundamental para la preservación de evidencias digitales, alineando al país con las mejores prácticas internacionales en materia de gobernanza y cumplimiento normativo.
Quizá esta idea resulte un tanto fantasiosa a propósito de la coyuntura nacional y el poco avance legislativo que hemos tenido con cuestiones que debieran ser básicas, como lo es la propia evidencia digital, pero es mejor plantearnos un futuro en aras de mejora que incurrir en la constante y perversa mediocridad de tan solo esperar algún avance. Lejos de eso, el progreso en nuevas tecnologías y sus usos, debemos fomentarlo nosotros.
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Notas
- [1] Podemos encontrar dicha resolución en: https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2023/06/Recurso-nulidad-1551-2022-Lima-Sur-LPDerecho.pdf Veracidad objetiva: Según la cual la prueba exhibida en el proceso debe dar un reflejo exacto de lo acontecido en la realidad; asimismo, prima facie, es requisito que la trayectoria de la prueba sea susceptible de ser controlada por las partes que intervienen en el proceso, lo que no supone desconocer que es al juez, finalmente, a quien le corresponde decidir razonablemente la admisión, exclusión o limitación de los medios de prueba. Constitucionalidad de la actividad probatoria: La cual implica la proscripción de actos que violen el contenido esencial de los derechos fundamentales o transgresiones al orden jurídico en la obtención, recepción y valoración de la prueba. Utilidad de la prueba: Característica que vincula directamente a la prueba con el hecho presuntamente delictivo que se habría cometido, pues con esta característica se verificará la utilidad de la prueba siempre y cuando esta produzca certeza judicial para la resolución o aportación a la resolución del caso concreto. Pertinencia de la prueba: Toda vez que la prueba se reputará pertinente si guarda una relación directa con el objeto del procedimiento, de tal manera que si no guardase relación directa con el presunto hecho delictivo no podría ser considerada una prueba adecuada.
- [2] El congresista José Luna Gálvez presentó el proyecto de ley nro. 11815/2024-CR, cuya finalidad es incorporar la “evidencia digital” como categoría expresa dentro del CPP.
- [3] Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). (2024). Resolución Nro. 02648-2024: Norma para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo aplicable a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) bajo supervisión de la UIF-Perú.
- [4] Significando “Know Your Costumer”, un conjunto de procedimientos que las entidades, especialmente financieras y de servicios digitales, están obligadas internamente a realizar para verificar la identidad de sus usuarios antes de establecer una relación comercial.
- [5] La CCPA ha inspirado leyes estatales similares en EE. UU., como la Virginian Consumer Data Protection Act (VCDPA) de Virginia, la Colorado Privacity Act (CPA) de Colorado, y normas en Utah y Connecticut, lo que ha llevado a empresas a reforzar políticas de privacidad y gestión de datos. (American Bar Association, 2023; Reuters, 2025).
- [6] Blockchain-based Chain of Custody hace alusión a la cadena de custodia hacienda uso del Blockchain, como es evidente por su denominación, el sistema utiliza la tecnología blockchain para asegurar la integridad y trazabilidad de las pruebas durante una investigación, garantizando que no sean alteradas y que se pueda verificar su procedencia.
- [7] Por ejemplo, en el caso de la Cámara Federal de Casación Penal con registro Nro. 1434/23, se discutió la nulidad de evidencia digital obtenida sin el uso de herramientas adecuadas para garantizar su integridad, como el cálculo de hash y el uso de bloqueadores de texto durante la copia forense de archivos digitales.
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