Según la Organización de Naciones Unidas (ONU-Mujeres), una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido o sufre violencia familiar en sus diversas modalidades: física, sexual, psicológica y/o económica. En los últimos años se presentó el más alto índice de casos de violencia contra la mujer en el Perú y en el mundo. El Observatorio Nacional de Política Criminal señala en un estudio denominado: La Otra Pandemia en casa, advierte sin lugar a dudas, que muchas de las mujeres en nuestro país, no solo fueron despedidas de su trabajo si no, además, dedicaron mayor tiempo a su hogar e incrementaron la dependencia económica hacia su pareja, lo que ocasionó que en muchos de los casos se silenciarán diversos actos de maltrato.
Las víctimas de violencia, en gran parte de los casos, desconocen no solamente la protección del marco normativo y la creación de leyes especiales para su cuidado; sobre todo el incremento de los casos de violencia que llega a situaciones fatídicas por el miedo a denunciar a su agresor. Esta situación es palpable por distintas razones, entre otras: i) La manipulación del agresor, ii) la desconfianza, iii) sentir vergüenza o auto culparse, iv) incertidumbre por el sustento diario, v) no aceptarse como víctimas y vi) represalias laborales o familiares y, finalmente, que el hecho quede impune, conforme lo señala el Reporte de Adjuntía de la Defensoría del Pueblo respecto a la Violencia contra las Mujeres:
Perspectivas de las víctimas obstáculos e índices cuantitativos.
Es importante mencionar que en nuestro país contamos con la Ley 30364: “Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar”. Esta ley tiene por finalidad: “prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia producida en el ámbito público o privado contra las mujeres por su condición de tales, así mismo define a la violencia contra las mujeres como: cualquier acción o conducta que les causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico por su condición de tales, tanto en el ámbito público como en el privado”.
A raíz del incremento de hechos de violencia contra la mujer durante el COVID, se promulga el Decreto Legislativo 1470, que “establece medidas para garanti zar la atención y protección de las víctimas de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar durante la emergencia sanitaria declarada por el Covid-19, con la finalidad de una mayor protección en esta emergencia sanitaria”.
¿Cómo podemos visibilizar a las víctimas de violencia familiar? Otorgándoles, principalmente, el lugar que les corresponde, tanto como agraviadas dentro un proceso de violencia familiar y, luego, generándoles protección, seguridad y empoderamiento con la premisa que la acción realizada es la correcta.
Las víctimas de violencia en gran parte de los casos, desconoce la protección que otorga el marco normativo, las leyes especiales para su cuidado. Recorde mos que hay factores que avalan el incremento de los casos de violencia, llegando incluso a situaciones fatídicas por el miedo a denunciar a su agresor, esta situación es palpable por distintas razones: i) La manipulación del agresor, ii) la desconfianza, iii) sentir vergüenza o auto culparse, iv) incertidumbre por el sustento diario, v) no aceptarse como víctimas y vi) represalias laborales o familiares y, finalmente, que el hecho quede impune.
Sin embargo, debemos visibilizar a las víctimas de violencia familiar; es decir, acompañarlas en el proceso de su empoderamiento, a efectos de que cada mujer se sienta segura y protegida, con la plena convicción de que su denuncia podrá otorgarle, a través de un proceso no sólo protección, la posibilidad de lograr una reparación civil justa por el daño que se le ha causado, además una sanción penal para su victimario.
Una mujer víctima de violencia familiar (física, psicológica, económica o sexual), puede hacer su denuncia de manera escrita o verbal en la Comisaría de Familia o en la Fiscalía Especializada de Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar, esta denuncia es gratuita. En un plazo de 24 horas a la par de la investigación penal, se genera un proceso en el Juzgado de Familia en la que el Juez de Familia procede a evaluar y otorgarle Medidas de Protección a la víctima (las que sean necesarias). Asimismo, de oficio o a solicitud de la víctima, en la audiencia oral se pronuncia sobre medidas cautelares que resguardan pretensiones de alimentos, regímenes de visitas, tenencia, suspensión o extinción de la patria potestad, liquidación de régimen patrimonial y otros aspectos conexos que sean necesarios para garantizar el bienestar de las víctimas”. Debemos siempre tener presente que la víctima trae consigo una historia de dolor y todo un proceso traumático que merece respeto e incluso privacidad, pues a diferencia de otros delitos, la víctima expone una situación de su esfera íntima y familiar.
Es importante hacer ver a las mujeres víctimas de violencia que al comunicar el hecho criminal a través de su denuncia (escrita o verbal), deberá precisar no únicamente el hecho del que es víctima, si no contar a detalle qué fue lo que ocurrió, y de ser el caso acudir a la División de Medicina Legal para poder ser evaluada por el perito (médico o psicólogo) para acreditar el daño ocasionado, además del sustento probatorio; es decir: testigos (de los hechos), grabaciones, Whatsapps, fotografías, objetos con los que perpetró el hecho su victimario, si ésta fue atendida en un centro de salud (a efectos de que posteriormente se
solicite la historia clínica), entre otros. Todo con la finalidad de que su versión cuente con un sustento probatorio.
Visibilizar a la víctima es una tarea de todos quienes valoramos a las personas, cuyo primer derecho es el derecho a la dignidad y generar un ambiente donde evitemos los actos de violencia en contra de las mujeres, logrando mejorar sus condiciones de vida y empoderar a las mismas para que obtengan resultados satisfactorios en un proceso cuya búsqueda es eliminar la situación de riesgo de cada mujer violentada.
Abogada especialista en derecho penal y procesal penal, derecho de familia y litigación estratégica para la protección de derechos fundamentales, con amplia experiencia en litigios. Se ha desempeñado como fiscal. Su trabajo profesional involucra la asesoría legal de personas naturales y jurídicas, bajo una perspectiva de empatía con una visión humana del derecho.
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